Un hombre ha sido condenado a 24 años de prisión por secuestrar a su expareja en Tenerife, según ha confirmado la sentencia hecha pública este 25 de mayo. La pena, una de las más elevadas que se recuerdan en la isla por un delito de este tipo, cierra un caso que puso en evidencia, una vez más, el riesgo extremo al que se enfrentan las mujeres cuando deciden romper una relación.
Los hechos juzgados incluyen el secuestro de la víctima por parte de su expareja, un episodio de violencia que las acusaciones calificaron de especial gravedad. El tribunal ha dado por probados los cargos y ha impuesto una condena que supera con creces la media habitual para delitos similares en los juzgados canarios.
Un perfil de agresor que no acepta la ruptura
Los casos de secuestro protagonizados por exparejas responden casi siempre al mismo patrón: el agresor no acepta que la relación haya terminado y recurre a la violencia para recuperar el control sobre la víctima. En Tenerife, como en el resto del archipiélago, los servicios de atención a mujeres en situación de riesgo llevan años alertando de que el momento de mayor peligro no es durante la convivencia, sino justo después de la separación.
El Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Cabildo de Tenerife registra cada año decenas de casos en los que la ruptura actúa como detonante. Muchas de esas mujeres terminan acudiendo a centros de acogida en zonas alejadas de su entorno habitual, desde los barrios del sur hasta los municipios del Valle de La Orotava, precisamente para poner distancia física con el agresor.
Una vecina del barrio de La Salud, en Santa Cruz, que prefirió no dar su nombre, lo resumía sin rodeos: «Cuando una mujer deja a un hombre así, el peligro no baja, sube. Y eso no todo el mundo lo entiende hasta que pasa algo».
«El momento de la ruptura concentra el mayor riesgo de agresión grave. La distancia y el apoyo institucional son las dos herramientas más eficaces para proteger a las víctimas.»
Servicio de Atención a Víctimas del Cabildo de Tenerife·Organismo de asistencia a mujeres en riesgo
Una condena que manda un mensaje claro
Los 24 años de prisión impuestos al agresor representan una señal inequívoca por parte de la justicia. La combinación de secuestro con otros delitos graves contra la víctima ha llevado al tribunal a acumular penas que, sumadas, alcanzan esa cifra. En el sistema penal español, una condena de esta magnitud implica que el reo difícilmente podrá acceder a la libertad condicional hasta haber cumplido una parte sustancial de la pena efectiva.
Para los colectivos feministas activos en la isla, la sentencia es bienvenida, aunque insisten en que la respuesta penal, por sí sola, no resuelve el problema de fondo. El trabajo de prevención, la educación en los institutos y la dotación de recursos para las víctimas siguen siendo, según estas organizaciones, las asignaturas pendientes.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que en Tenerife no termina de tener respuesta: ¿cuántos recursos reales tiene una mujer de un municipio pequeño, lejos de Santa Cruz o del sur turístico, para pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde?