El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado que el Estado adeuda al archipiélago 340 millones de euros en concepto de convenios y acuerdos ya firmados y aún sin liquidar. La cifra, que Clavijo ha trasladado públicamente en sus conversaciones con el Ejecutivo central, representa uno de los principales escollos en la relación financiera entre Madrid y el archipiélago.
Para hacerse una idea de lo que supone esa cantidad, basta con saber que el Cabildo de Tenerife maneja un presupuesto anual de algo más de 800 millones de euros. En otras palabras, los fondos retenidos equivalen a casi la mitad del presupuesto de la institución insular más grande del archipiélago. Eso no es un retraso administrativo menor: es una cantidad que pesa sobre la planificación real de servicios públicos.
Qué incluye la deuda reclamada por el Gobierno canario
Los 340 millones no corresponden a peticiones nuevas ni a demandas de financiación extraordinaria. Son compromisos que el Estado ya adquirió con Canarias mediante convenios específicos, acuerdos sectoriales y transferencias pactadas que, por distintos motivos, no han llegado a materializarse. Clavijo ha subrayado que se trata de dinero que las islas ya tienen comprometido en proyectos concretos, lo que convierte la demora en un problema operativo de primera magnitud.
La reclamación llega en un momento en que el debate sobre la financiación autonómica vuelve a ocupar la agenda política. El archipiélago tiene un régimen fiscal singular, el Régimen Económico y Fiscal (REF), que reconoce la insularidad y la lejanía como factores que encarecen la prestación de servicios. Esa particularidad hace que cada euro retenido tenga un impacto proporcionalmente mayor que en una comunidad peninsular con las mismas competencias.
Por qué este pulso importa más allá de la política
¿Qué pasa cuando un gobierno regional no recibe los fondos que le corresponden? Que las cuentas cuadran solo sobre el papel. Las consejerías tienen que priorizar, aplazar licitaciones o recurrir a endeudamiento para cubrir gastos que, en teoría, ya estaban financiados desde Madrid. El resultado lo notan los vecinos de a pie: obras que se retrasan, programas sociales que arrancan tarde o partidas de educación y sanidad que se ejecutan a medio gas.
Clavijo lleva meses presionando para que el Gobierno central ponga al día esos compromisos. La reclamación de los 340 millones no es nueva en el fondo, pero la publicidad que le ha dado el presidente canario en estas últimas semanas indica que la paciencia de la administración autonómica tiene un límite. Fuentes del Ejecutivo regional han dejado claro que la deuda es perfectamente documentable y que están dispuestos a defenderla en todos los foros disponibles.
El próximo movimiento estará en manos del Gobierno central. Si esos fondos llegan antes del cierre del ejercicio presupuestario, el efecto sobre las cuentas canarias podría ser inmediato. Si no llegan, Canarias tendrá que seguir gestionando proyectos ya comprometidos con un agujero de 340 millones que, de momento, nadie en Madrid parece tener prisa por tapar.