Hay una pregunta que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva años esquivando con la destreza de quien conoce bien el terreno: ¿qué papel exacto jugó José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra con dinero público, y hasta dónde llegaba el conocimiento del actual presidente cuando se firmó la operación?
Conviene recordar los hechos sin adornos. En 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía de reducido tamaño, con escasa cuota de mercado y cuya catalogación como empresa estratégica fue, desde el primer día, objeto de controversia técnica y jurídica. El Tribunal de Cuentas abrió posteriormente una investigación sobre la concesión. La pregunta sobre quién movió los hilos nunca obtuvo respuesta satisfactoria desde el Ejecutivo.
Zapatero no era entonces miembro del Gobierno. Era, y sigue siendo, una figura que orbita alrededor del poder socialista sin cargo formal, lo que en la práctica le otorga una influencia difícil de auditar y todavía más difícil de atribuir a responsabilidad institucional alguna. Eso, en un Estado de derecho, debería ser motivo de incomodidad para cualquier gobierno que se precie de transparencia. No lo fue.
La comodidad del intermediario sin cargo
El problema no es Zapatero en sí mismo. El problema es el modelo. Cuando un expresidente actúa como correa de transmisión entre intereses privados y decisiones públicas, sin que medie cargo, contrato ni responsabilidad formal, el sistema de controles falla por diseño, no por accidente. Nadie puede rendir cuentas de lo que nadie admite haber hecho.
En este caso concreto, las informaciones que han ido emergiendo apuntan a que Zapatero facilitó contactos y avaló la viabilidad del proyecto ante personas con capacidad de decisión en el Ejecutivo. Si eso es así, y no hay razón fundada para descartarlo, estamos ante algo más que una anécdota de amiguismo: estamos ante un mecanismo de influencia que opera en los márgenes del escrutinio democrático.
¿Es Sánchez culpable? La pregunta merece una respuesta honesta desde este medio, que no renuncia a sus coordenadas progresistas pero tampoco a su rigor. La culpabilidad penal es una categoría que corresponde a los tribunales, no a las columnas de opinión. Pero la responsabilidad política es otra cosa. Y ahí la respuesta cambia.
Responsabilidad política no es sinónimo de culpa penal
Un presidente que firma o avala decisiones de su Gobierno cargará con ellas aunque no haya sido él quien marcó el número de teléfono correcto. Eso no es injusticia: es la lógica elemental del cargo. Si la SEPI, bajo su mandato, destinó 53 millones de euros a una empresa cuya elegibilidad era cuestionable, y si ese proceso estuvo mediado por un expresidente que actúa fuera de cualquier marco de control, la pregunta no es si Sánchez «sabía» en términos penales. La pregunta es si permitió que eso ocurriera, si lo consintió por comodidad política o por deuda de lealtad, y si tomó alguna medida cuando las dudas empezaron a acumularse.
La respuesta a las tres preguntas, a la vista de lo ocurrido, parece la misma: no.
Ser un medio de izquierda no obliga a cerrar los ojos ante los errores del propio espacio político. Al contrario: la crítica interna es la única que tiene credibilidad suficiente para ser escuchada. Zapatero tiene todo el derecho del mundo a opinar, asesorar y moverse en los círculos que considere oportunos. Lo que no puede hacer, en un sistema que aspira a la transparencia, es ejercer influencia sobre decisiones públicas millonarias sin que nadie sepa exactamente qué compromisos se adquirieron, ante quién y a cambio de qué.
El zapato, en este caso, le aprieta al Gobierno. Y no por la derecha.